José Luis Galende - El Correo

El dirigente sindical considera que "los ciudadanos van a penalizar a los poderes políticos por no alcanzar un pacto contra la crisis".

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, el principal sindicato español, teme nuevas medidas del Gobierno contrarias a la protección social, tras la congelación de las pensiones y la rebaja en un 5% del salario de los funcionarios. Si alguna fe mantenía en José Luis Rodríguez Zapatero, ha desaparecido tras el plan para reducir el déficit en 15.000 millones de euros. "Lo que antes era crítica" contra la política económica del Ejecutivo se ha convertido "en oposición directa", advierte en una entrevista con EL CORREO, en la que reitera que habrá huelga general si sale adelante por decreto una reforma laboral lesiva para los intereses de los trabajadores. Toxo cree que el Gobierno volvió "noqueado" del último Consejo de Finanzas de la UE (Ecofin), tras el que anunció recortes sociales sin precedentes, y ve difícil que llegue al final de la legislatura después de que el Congreso aprobara por un solo voto las medidas de ajuste el pasado jueves.

- La fecha límite para pactar la reforma laboral era mañana, aunque el Gobierno está dispuesto a ampliarla unos días. ¿Servirá para algo una prórroga?

- Todos los plazos están agotados porque algunas cosas tenían que haber estado en marcha hace meses. Pero en la mesa de negociación no tenemos un límite. Lo que debe primar es el acuerdo, aunque no soy excesivamente optimista sobre la posibilidad de alcanzarlo.

- ¿El Gobierno les ha dado algún ultimátum?

- A nosotros no, pero pone plazos desde los medios de comunicación. Desde que volvió traumatizado y casi noqueado de la última reunión del Ecofin, está lanzado mensajes a borbotones que distorsionan el panorama y dificultan la negociación.

- ¿Cuáles son los escollos que quedan por salvar?

- El primero es entender para qué sirve la reforma laboral. El Gobierno quiere utilizar el acuerdo para maquillar las cifras de paro -y lo digo como lo pienso-, mientras que la patronal CEOE la ve como una oportunidad para transformar radicalmente el marco de relaciones laborales e incrementar el poder discrecional de la dirección de las empresas. Esta filosofía no vamos a consentirla. Nosotros podemos asumir que hay aspectos obsoletos de la regulación laboral, pero la vía más eficaz es abrir la ley para reformar el papel de la negociación colectiva en ese proceso de reforma, con una mayor participación de los trabajadores en sus empresas.

- El coste del despido.

- ¿Y qué hay de los costes del despido?

- Los empresarios tratan este asunto como si tuviéramos un problema de rigideces en ese terreno. En algún factor aislado podemos tener más que otros países, pero la foto general es muy favorable a las empresas. En España tenemos un gravísimo problema, como son las facilidades para poner en la calle a los trabajadores cuando las cosas vienen mal dadas, y no podemos abundar en esa dirección. Una salida sería reducir el impacto para las empresas que se vean obligadas a despedir sin reducir las indemnizaciones a los trabajadores. Sería la versión española del modelo austriaco y para ello se podría generalizar el mecanismo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que se aplica a las empresas de menos de 25 trabajadores. Pero siempre que figuras como el despido disciplinario improcedente y el objetivo improcedente no se toquen.

- ¿Cree que el Gobierno terminará por imponer su propia versión de la reforma, en un nuevo decreto?

- Sería un error, como lo ha sido el decreto ley aprobado el jueves, sin haberlo negociado antes con los partidos y los agentes sociales. Si pretende actuar de la misma manera en materia laboral, que se lo piense bien.

- ¿La respuesta sería una huelga general?

- Si al final hay un decreto que sea lesivo para los intereses de los trabajadores, habrá huelga general. Pero prefiero situarme en el escenario de que habrá acuerdo.

- Tras lo ocurrido el jueves en el Congreso, donde el Gobierno se quedó solo en la defensa de sus medidas de ajuste, que salvó por un voto, ¿le ve en condiciones de tomar las decisiones que la crisis requiere hasta el final de la legislatura?

- Es difícil que llegue hasta entonces. Yo no soy muy partidario de anticipar las elecciones, más que nada porque España necesita estabilidad y ello puede no conseguirse por esa vía. Pero prolongar esta situación sin otro objetivo que ganar tiempo, tampoco es muy adecuado. Del jueves, el Ejecutivo debería aprender la lección de aislamiento en que está cayendo por su propia impericia a la hora de gobernar y tratar de impulsar un gran acuerdo nacional. Sé que es difícil. CC OO ya lo planteó un pacto de ese tipo en mayo de 2009 sin éxito. Y no todo es responsabilidad del Gobierno, porque hay una oposición mayoritaria que está situada en la tesis de 'cuanto peor mejor' que le permita coger atajos para llegar al poder, y ése no es el mejor servicio que puede hacer al país.

- En los últimos meses hay una campaña desde algunos sectores contra los sindicatos. ¿Teme que un cambio de Gobierno pueda desmantelarlos, como hizo Margaret Thatcher hace dos décadas en Reino Unido?

- No estoy en ese cálculo. España es una democracia avanzada y sería un mal negocio que alguien se planteara acabar con las organizaciones sindicales y su función. Sé que existe una ofensiva antisindical fuerte porque nuestra posición es incómoda para sectores de la izquierda y de la derecha. Pero ese es el precio que pagamos por nuestro discurso independiente.

- ¿Se sienten usted o su sindicato traicionado por Zapatero tras el plan de ajuste que tanto han criticado?

- No tengo ese sentimiento, ni antes el contrario. Hasta ahora habíamos apreciado su posición en protección social, pero hemos sido muy críticos con la orientación de su política económica. Por ejemplo, no comparto el contenido de los Presupuestos de 2010; la subida del IVA es un disparate que provocará la caída del consumo; no ha tenido el coraje de hacer una reforma fiscal de izquierdas en España, que hubiera limitado el déficit público; ha derrochado el superávit con medidas electoralistas como la de los 400 euros y el 'cheque bebé'... Pero tras el giro brutal en la política económica y social, lo que antes era crítica ahora es oposición directa.

- Reforma fiscal.

- ¿Y qué alternativas ofrecen los sindicatos?

- Acabamos de poner con UGT en circulación un documento al respecto. Hay que ajustar las cuentas públicas, pero necesitamos actuar para que las medidas adoptadas y otras que ya se apuntan no retrasen la salida de la crisis económica ni lesionen los interese salariales y sociales. Para ello, apostamos por una reforma fiscal, aunque en principio sea transitoria. Hay que perseguir el fraude fiscal inmenso y actuar contra los productos de ingeniería financiera para la elusión fiscal de los ricos, como son las Sicav. Además, es imprescindible concluir la reforma del sistema financiero, porque sin ese paso no habrá salida del pozo, y su ausencia no podrá ser compensada con ninguna reforma laboral. Y a nivel europeo, es necesario dotarse de instrumentos y una política fiscal adecuada.

- ¿Teme CC OO que la reforma de las pensiones sea otra agresión a los derechos laborales?

- El Gobierno está siendo tremendamente imprudente en el trato que da a la Seguridad Social. Le dijimos hace un año que no la mezclara con las medidas que adopte. El organismo tiene sus cuentas saneadas y un instrumento, el Pacto de Toledo, para realizar las reformas. La congelación de las pensiones ha sido un torpedo en la línea de flotación del Pacto de Toledo, que hace el juego a quienes quieren llevar ese debate a otros territorios. Nosotros hemos propuesto al Ejecutivo que sustituya esa medida por otra, como la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. Pero me temo que va a volver a meter la pata, como puede hacerlo en sanidad, donde ya ha comenzado a hablarse del copago por los servicios. O con lo que queda de las empresas públicas. No obstante, el mayor riesgo es actuar sobre la Seguridad Social.

- Tal como están las cosas, y siendo realista, ¿cree posible ese gran acuerdo nacional que pide para hacer frente a la crisis?

- No veo a los poderes políticos en esa disposición, pero creo que la ciudadanía les va a penalizar por ello. La situación del país es muy delicada y hay que hacer todos los esfuerzos para salir de la crisis de forma consensuada. Corresponde al Gobierno tomar la iniciativa y a cada parte desprenderse de sus objetivos y de dinámicas electorales para hacer ese servicio al país.

- ¿Las rebajas salariales del sector público pueden llegar al privado?

- Hemos acordado la congelación, e incluso el recorte, en las empresas, pero siempre negociando y con contrapartidas, a diferencia de lo que ha sucedido en el sector público, donde se ha vulnerado un acuerdo con los sindicatos y los propios Presupuestos del Estado. Pero sí que es cierto que la rebaja del 5% del sector público está contaminando el acuerdo general de negociación colectiva. Y el asunto se ha vuelto mucho más preocupante cuando el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, que tampoco se caracteriza precisamente por cumplir lo pactado, apoya esa idea. Nosotros vamos a defender en todos los sectores el cumplimiento de lo firmado.

- ¿Y tal como están la cosas, llegaremos a los cinco millones de parados?

- No lo descarto. 15.000 millones de euros menos para el consumo y la inversión pública no pueden tener más que un efecto destructivo del tejido económico.

- Tras las presiones sobre España para reducir el déficit, ¿quién cree que manda en el país: Merkel, Sarkozy, Obama, los mercados, el Gobierno...?

- Mandan los mercados, que no son entes abstractos; y no sólo en España. Se trata de sectores muy concretos, los mismos que han estado en el origen de esta crisis, que quieren imponer su dictadura a los Estados, que no es otra que la del interés económico. La UE no ha estado suficientemente diligente para contrarrestar esas presiones, por lo que debería hacer una reflexión a fondo sobre el problema.